Ante los cruces de acusaciones a cuenta de la aprobación de los presupuestos municipales, el PP de Utrera, explica que ha optado por «mantenerse prudentemente al margen hasta estudiarlos con detenimiento, ya que su complejidad es bastante grande, y la oposición los tiene en sus manos desde tan sólo mitad de esta semana».

 FUENTE: GRUPO POPULAR UTRERA

Para los populares, los socialistas «tienen que defenderse echando balones fuera hacia el Gobierno de Mariano Rajoy»,  justificando la afirmación del PSOE utrerano “que la única subida de impuestos es la del catastro decretada por de Gobierno de Rajoy” con una serie de razonamientos, explicando que «las edificaciones que el Ministerio de Hacienda está rastreando son, entre otras, construcciones de piscinas en patios o azoteas, cerramiento de balcones, adecuación de locales, cerrar un porche o un patio interior para agrandar el salón, etcétera».

Según el Partido popular de Utrera, esta medida, que conlleva combatir el fraude fiscal, «aumentará de paso la recaudación del Ayuntamiento, ya que este exceso en el pago del IBI por parte de los ciudadanos irá a parar directamente a las arcas municipales», justificando así esta subida de impuestos, asegurando que beneficiará al gobierno municipal.

En nota de prensa enviada a los medios, los populares anuncian que este proceso de regularización catastral «podría afectar a una «minoría» de inmuebles con «alteraciones relevantes», que se hayan añadido muchos metros y con él se busca hacer «justicia social» para que se pague «en función del valor catastral real», con especial incidencia en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI)».

En dicha nota de prensa continúan explicando el motivo de esta subida de impuestos, anunciando que se trata de un «proceso de regulación que busca «alteraciones relevantes» en nuevas construcciones, ampliaciones, rehabilitaciones o reformas que no han sido declaradas y que no afectará en ningún caso a los inmuebles que tributen correctamente».

De lo que se habla es, por ejemplo, según los populares es de un «edificio donde antes había un solar o no haber incluido una piscina. Lo más habitual no son las omisiones sino las reformas y rehabilitaciones no declaradas».

Los populares hablan de ventajas con estas regularizaciones en el IBI «para los años no prescritos, los últimos cuatro, y que se traducirán en más ingresos para las arcas municipales ya que la tasa de 60 euros no irá a parar al Consistorio sino al Catastro».

Los populares reconocen que estos procedimientos tienen «mala prensa» pero aseguran que  se busca hacer «justicia». «Esta actuación contra el fraude catastral se llevará a cabo en 7.595 municipios en una acción que comenzó en 2013 y que acabará en 2017», explican en la nota de prensa.

En los casos que no hayan sido comunicadas será cobrado el impuesto a sus propietarios con una retroactividad máxima de cuatro años El proceso «no afecta a los inmuebles que tributen correctamente», y por tanto los propietarios de inmuebles que no tengan pendientes regularizaciones no deberán efectuar ningún pago.

En el caso de las propiedades adquiridas sin que el anterior propietario hubiese regularizado nuevas construcciones o reformas, la notificación para el abono de la tasa de 60 euros llegará al nuevo propietario, aunque este podrá reclamar para que el pago sea requerido al anterior propietario.

Todo el proceso de revisión catastral es «validado» y cuenta con garantías «para que se haga bien y para evitar errores que permitan regularizar correctamente».